Un matrimonio de 80 años, la mujer con una minusvalía del 70%. Les colocaron 95.000 euros -los ahorros de toda una vida- en participaciones preferentes bajo la argumentación de que “era una pena tener el dinero a la vista en la cuenta en la que cobran la pensión”, en una sucursal de Caixa Nova de Vigo.
Ama de casa sin estudios y agricultor jubilado. Matrimonio de 74 años de edad, Málaga. Les comercializaron unas participaciones preferentes de 95.000 euros y dos deudas subordinadas de 47.000 y 18.000 euros en la CAM. Se lo vendieron como un depósito a plazo fijo. Ahora con la crisis se encuentran en una situación de necesidad económica y no pueden recuperar sus ahorros.
Matrimonio de 85 años, que solo cobra pensión por jubilación el marido, y que tienen dos hijos a su cargo: una de ellos que padece una enfermedad psíquica y el otro es parado de larga duración, ambos de mediana edad. Tienen 70.000 euros en un plazo fijo ‘doble ahorro combinado’: participaciones preferentes, deuda subordinada y obligaciones mediterráneo, todo ello en la CAM. Ambos padecen ansiedad y depresión provocada por la situación en la que se encuentran.
Y así se podrían estar enumerando hasta aproximadamente un millón los casos –que se sepan por ahora- de las familias afectadas por los ‘productos tóxicos’ que en los últimos 10 años, 52 bancos y cajas de ahorro españolas -sobre todo estas últimas- han comercializado de forma irregular entre sus clientes, bajo la apariencia de ‘depósitos a plazo fijo’ con rentabilidad garantizada, y casi siempre ante un perfil de consumidor de edad avanzada que buscaba completar su jubilación con los ahorros de toda una vida.
La mayor parte de los afectados que han denunciado aseguran que nadie les informó de los riesgos de estos productos, especialmente de la escasa o nula liquidez, y de su perpetuidad. Se han encontrado con esto cuando han ido a retirar sus ahorros y su entidad bancaria se ha negado a dárselos.
“En mi caso me dijeron que había riesgo cero y una liquidez de 48 horas si quería recuperar el dinero. Me siento totalmente estafada”. Carmen, casada y con dos hijos de 16 y 13 años, confió en La Caixa, entidad en la que tenía sus ahorros. “Jugaron con la confianza personal que estas entidades tenían con nosotros”. Ingresó 100.000 euros para que le fueran rentuando, “sabían que lo quería para comprarme una casa”, pero todavía no ha podido recuperar ni un euro de ese dinero, ni se ha podido comprar la casa para la que tanto ella como su marido venían ahorrando desde hacía muchos años.
“La realidad es que estamos ante un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, además de que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad, y no cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos”, señala Pablo Mayor, representante de los servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE), plataforma en la que se agrupan cerca de 30 mil familias afectadas .
El Banco de España ha mostrado cierta preocupación por la alarma social que se está generando, “pero no ha tomado medidas eficientes para resolver el problema”, indica Manuel Pardos, presidente de ADICAE, para quien además, “el Gobierno se está lavando las manos. Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una medida compleja proponiendo a las entidades que durante un año puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”
La colocación de estos productos tóxicos se pusieron en marcha porque las entidades necesitaban captar dinero en época de crisis optando por la forma más beneficiosa para ellos y peor para el consumidor, según ADICAE. De lo que se trataba era de emitir participaciones que les computaran como fondos propios en su balance y fortalecieran la aparente solidez de la entidad. En cambio, el consumidor ve totalmente inmovilizado su ahorro en un producto perpetuo y se coloca como accionista del banco pero sin ningún tipo de derecho, como por ejemplo, el de votar. “Nos hemos encontrado con un contrato de participaciones preferentes de la CAM cuya fecha de vencimiento es el 16 de diciembre del año 3000”.
La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -ante la que ADICAE denunció en octubre del año pasado a 52 entidades bancarias por la venta irregular de participaciones preferentes- en abril de 2009 publicó un folleto informativo en el que reconocía a las preferentes como “un producto complejo y de riesgo elevado” y advertía a los ahorristas que, en caso de insolvencia del emisor, o sea de la entidad bancaria, se situaban en el orden de recuperación de los créditos, “por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas, en el caso de las cajas de ahorro”. Sin embargo, durante todo 2010 y 2011 las entidades bancarias han continuado emitiéndolas como forma de mejorar sus solvencia, ya que computan como fondos propios.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) califica como “preocupante” la percepción que de los productos de ahorro e inversión tienen los consumidores españoles. Un informe publicado por CEACCU determina la gran vulnerabilidad ante la que se encuentran los usuarios cuando se enfrentan a la contratación de este tipo de productos, debido al desconocimiento generalizado, no solo de características básicas de los mismos, como su riesgo o liquidez, sino especialmente, ante la responsabilidad que la normativa actual impone al consumidor en el seguimiento y adecuación de la comprensión sobre lo que está invirtiendo. Por este motivo CEACCU publicó ya en 2009, de forma totalmente gratuita, una “Guía práctica sobre productos de Ahorro e inversión”, que entre otras cosas, explica al consumidor en qué consisten opciones de inversión como las participaciones preferentes, los depósitos estructurados o los fondos de inversión libre (Hedges Funds), al tiempo que les ofrece recomendaciones y advertencias sobre cómo invertir con la mayor garantía.
Ante la alarma social las entidades financieras –especialmente La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA- han ofrecido a cientos de miles de consumidores canjear sus participaciones preferentes por otros productos como acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. “Yo las canjee porque así me lo recomendó ADICAE”, dice Carmen, y como ella otros muchos afectados. “Si se acepta el canje se tienen unas acciones que pueden venderse fácilmente en bolsa pero que no se sabe qué valor, a la baja o a la alza, pueden tener. Si no se hace el canje, las preferentes se pueden vender en el mercado de renta fija AIAF de mala liquidez y de venta complicada, con una pérdida de valor importante”, señala ADICAE. El hecho de que el ahorrista se haya visto obligado a canjear sus preferentes, no le exime de su derecho a recuperar el 100% de su dinero. “Yo no estoy dispuesta a renunciar ni a un euro”, advierte Carmen. Desde ADICAE se exige que se restaure cualquier daño que hayan sufrido los usuarios debido al canje, ya que este se realizó sin ofrecer la información adecuada sobre cada uno de los productos. En este sentido el presidente de la plataforma ADICAE recomienda a las autoridades que “vigilen de cerca” el canje inminente que planteará Bankia.
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