No es fácil que trasciendan zonas oscuras en la gestión de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Tal vez esto ocurra por su importante desembolso en partidas publicitarias destinadas a medios de comunicación. Según el “Estudio de la inversión publicitaria en España” (2015) de InfoAdex, la ONCE ocupa el octavo lugar en la ratio de inversores en medios convencionales, con 48,1 millones de euros (datos de 2014), por encima de Telefónica, Orange o el Banco de Santander.
La ONCE nació en 1938 como entidad sin ánimo de lucro “con cabida para todos los ciegos españoles”. La aspiración inicial era ofrecer un trabajo digno a las personas invidentes a través de la venta del cupón. En 1988 se produjo otro hito en la historia de la organización: vio la luz la Fundación ONCE, con el fin de “fomentar la cohesión social” y la “integración laboral de las personas con discapacidad”. Un organismo gubernamental, en el que toman parte seis ministerios y la ONCE, “vela por el cumplimiento de estos fines sociales”, según la página Web de esta entidad. Trabajan en la corporación sin ánimo de lucro en torno a 20.000 vendedores, de los que el 40% padecen discapacidad visual.
Los sindicatos críticos de la ONCE ponen en cuestión que se estén llevando a término los fines sociales. Subrayan muchos ejemplos, entre otros, la respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de mayo de 2014, que establecía el derecho de un operario británico a ingresar en vacaciones, además del salario base, el promedio de las comisiones por ventas percibidas a lo largo del año. La sentencia afectaba de lleno a las retribuciones de los vendedores de la ONCE, teóricamente de manera favorable. ¿Cómo “adaptó” la ONCE esta sentencia? “El umbral y el mínimo de ventas, así como el tramo de comisión pasa de ser mensual a anual”, afirma Inocencio Rial, colaborador de la sección de Comisiones Obreras en la ONCE de Madrid. En palabras asequibles, “esto puede suponer una mengua en las nóminas –según las ventas- de 500 euros anuales”. “Para ello la empresa modificó el convenio en colaboración con UGT”, agrega el sindicalista. Las organizaciones más críticas subrayan el rol “colaboracionista” de la UGT dentro de la empresa.
No se trata de un ejemplo aislado. La situación de los vendedores de la ONCE se ha ido degradando con los años. A partir del último convenio (julio de 2013), los trabajadores veteranos ya no consolidan más derechos por la antigüedad, y a los nuevos no se les reconoce ésta. El salario base de los trabajadores indefinidos es actualmente de casi mil euros (en 2009 era 60 euros inferior) y para generar comisiones se requieren al menos 210 euros diarios en ventas de productos ONCE. Según Adolfo Martínez, vendedor de cupones de la ONCE y delegado de CGT en Valencia, “estos objetivos dependen en gran medida de los puestos de venta que adjudica la empresa; hace 15 años el procedimiento estaba mucho más reglado; hoy prima la voluntad de la empresa, lo que no excluye situaciones de clientelismo”. El horario de ventas estipulado por convenio es de 7,5 horas diarias, “pero se hacen jornadas mucho más largas”, añade Martínez. Por otro lado, Recursos Humanos de la ONCE informa que el índice de absentismo por bajas derivadas de enfermedad común es del 8,29% de la plantilla en el último año.
El salario base de los trabajadores eventuales (a quienes se contrata por días o meses o por lo que la empresa llama “circunstancias de producción) es de 699 euros, pero hacen el mismo trabajo que los veteranos por 300 euros menos. Además del alargamiento de la jornada laboral, en los últimos años se constata en la ONCE un incremento de la presión al vendedor por parte de “gestores comerciales” y “jefes de venta” (cada uno con un área y número de vendedores a su cargo). “Hay una cadena de presión por objetivos que no tiene nada ver con lo que ocurría hace diez años en la empresa”, asevera Jordi Carbonell, delegado sindical de CGT en la ONCE de Valencia. “Se exige lo mismo hoy que hace seis años, a pesar de la crisis y la caída de ventas, con lo que el esfuerzo es cada vez mayor”, añade. La cuenta de resultados de la empresa apunta que las ventas de juego descendieron de 1.913.870 millones de euros en 2012 a 1.836.835 millones de euros en 2013, lo que confirma una tendencia que empezó hace más de una década.
Inocencio Rial destaca asimismo los despidos y sanciones por “baja rentabilidad” (al no alcanzar el “umbral” de ventas), lo que ha dado lugar a juicios contra la empresa. El “goteo” de despidos comenzó en 2014 y el de sanciones hace tres años. El sindicalista señala los ejemplos de Madrid y Andalucía. Frente a los fines teóricamente sociales de la ONCE, Comisiones Obreras en Madrid lanzó unas camisetas con la consigna “No es social esclavizar”; y en septiembre de 2014, este sindicato promovió un encierro de tres días en la Delegación de la empresa en la capital.
Paco Giménez, delegado de Comisiones Obreras en la delegación de la ONCE en Valencia, afirma que la presión es parecida a la que sufren los trabajadores de otras empresas, con la diferencia de que la ONCE es una corporación de derecho público. Sobre todo los contratados a tiempo parcial, dependen cada vez más de las comisiones que puedan generar. “Contratan a un vendedor para el sábado y el domingo, pero trabaja toda la semana”, remata.
Tampoco se compadece con los fines fundacionales de la ONCE el “perfil” de trabajadores que se busca. “Quieren gente productiva y competitiva, subraya Jordi Carbonell, a la que piden agresividad en la venta, gran movilidad y que tengan carné de conducir; si es posible, personas con discapacidad leve que hayan trabajado antes en otras empresas”. Quique Marí tiene 40 años, padece una parálisis cerebral y minusvalía física del 84%. No sufre ninguna discapacidad psíquica. Cuando intentó entrar en la ONCE, relata su padre en conversación telefónica, se le dijo –sin pasar la correspondiente prueba- que no tenía las habilidades suficientes para manipular las máquinas de comprobación de cupones. Quique Marí lleva diez años en otra empresa, recorriendo 20 kilómetros diarios en silla eléctrica para vender los cupones (una media de 130 euros diarios). “En la ONCE no quieren a grandes discapacitados”, concluye.
El cierre de quioscos en la calle -aproximadamente un 20%, en un proceso que comenzó hace una década- redunda en la idea de movilidad y “dinamismo” en las ventas. Recuerda Adolfo Martínez que la eliminación de estos puestos afecta a los vendedores, que acarrean 7 kilogramos de material, a lo que se agregan los problemas motrices previos. “La expresa alega que no son rentables, pero la inversión es mínima, sólo en mantenimiento”. En los últimos años la ONCE ha cerrado 150 “agencias” (provincias enteras se han quedado sin estos centros), dedicadas a la logística, la organización administrativa y la prestación de servicios a trabajadores y afiliados. Se han clausurado colegios de la ONCE, se han privatizado servicios de informática y se ha pasado de la prestación médica por la empresa a contratar con mutuas. La CGT ha titulado de este modo alguno de sus comunicados de prensa: “Continúan los despidos y el desmantelamiento de la ONCE”. A los vendedores les ha perjudicado, además, que desde hace cinco años puedan venderse los productos ONCE en estancos, gasolineras, bares, quioscos de prensa, supermercados o por Internet.
Según Adolfo Martínez, “hemos pasado de una empresa envidiable por las condiciones “dignas” de trabajo (hasta mediados de los 90), a ser una mera multinacional del juego, en la que priman sólo los beneficios; el vendedor de la calle es el que genera el lucro y quien sostiene toda la estructura; también, el que se lleva todos los palos”. Jordi Carbonell pone el acento en los criterios de selección y los objetivos fijados en las ventas: “La empresa se creó para dar trabajo a ciegos y a grandes discapacitados, pero en la práctica son quienes tienen menor cabida en la ONCE”. Esta corporación “está exenta del pago de la cuota patronal a la seguridad social por contratar a personas discapacitadas, por lo que se supone que debería actual de otro modo”, afirma el delegado de CGT.
La Inspección de Trabajo ha señalado infracciones graves en la ONCE por el trabajo de los vendedores durante el periodo vacacional. También la inspección ha detectado que en la provincia de Valencia, durante 2014, la empresa ha presionado de manera “sistemática” a los trabajadores, en relación con la venta de boletos electrónicos. Los fines teóricamente enunciados por la ONCE casan poco con la construcción de complejos hoteleros en Isla Margarita (Venezuela), la inversión de 1.000 millones de pesetas (de la época) en Gescartera, pufo financiero que terminó con la dimisión, en 2001, del vicepresidente y el director general de la Fundación ONCE; o las pérdidas por las inversiones en Bankia, desveladas poreconomistadigital.es y no desmentidas por la empresa.
La ONCE nació en 1938 como entidad sin ánimo de lucro “con cabida para todos los ciegos españoles”. La aspiración inicial era ofrecer un trabajo digno a las personas invidentes a través de la venta del cupón. En 1988 se produjo otro hito en la historia de la organización: vio la luz la Fundación ONCE, con el fin de “fomentar la cohesión social” y la “integración laboral de las personas con discapacidad”. Un organismo gubernamental, en el que toman parte seis ministerios y la ONCE, “vela por el cumplimiento de estos fines sociales”, según la página Web de esta entidad. Trabajan en la corporación sin ánimo de lucro en torno a 20.000 vendedores, de los que el 40% padecen discapacidad visual.
Los sindicatos críticos de la ONCE ponen en cuestión que se estén llevando a término los fines sociales. Subrayan muchos ejemplos, entre otros, la respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de mayo de 2014, que establecía el derecho de un operario británico a ingresar en vacaciones, además del salario base, el promedio de las comisiones por ventas percibidas a lo largo del año. La sentencia afectaba de lleno a las retribuciones de los vendedores de la ONCE, teóricamente de manera favorable. ¿Cómo “adaptó” la ONCE esta sentencia? “El umbral y el mínimo de ventas, así como el tramo de comisión pasa de ser mensual a anual”, afirma Inocencio Rial, colaborador de la sección de Comisiones Obreras en la ONCE de Madrid. En palabras asequibles, “esto puede suponer una mengua en las nóminas –según las ventas- de 500 euros anuales”. “Para ello la empresa modificó el convenio en colaboración con UGT”, agrega el sindicalista. Las organizaciones más críticas subrayan el rol “colaboracionista” de la UGT dentro de la empresa.
No se trata de un ejemplo aislado. La situación de los vendedores de la ONCE se ha ido degradando con los años. A partir del último convenio (julio de 2013), los trabajadores veteranos ya no consolidan más derechos por la antigüedad, y a los nuevos no se les reconoce ésta. El salario base de los trabajadores indefinidos es actualmente de casi mil euros (en 2009 era 60 euros inferior) y para generar comisiones se requieren al menos 210 euros diarios en ventas de productos ONCE. Según Adolfo Martínez, vendedor de cupones de la ONCE y delegado de CGT en Valencia, “estos objetivos dependen en gran medida de los puestos de venta que adjudica la empresa; hace 15 años el procedimiento estaba mucho más reglado; hoy prima la voluntad de la empresa, lo que no excluye situaciones de clientelismo”. El horario de ventas estipulado por convenio es de 7,5 horas diarias, “pero se hacen jornadas mucho más largas”, añade Martínez. Por otro lado, Recursos Humanos de la ONCE informa que el índice de absentismo por bajas derivadas de enfermedad común es del 8,29% de la plantilla en el último año.
El salario base de los trabajadores eventuales (a quienes se contrata por días o meses o por lo que la empresa llama “circunstancias de producción) es de 699 euros, pero hacen el mismo trabajo que los veteranos por 300 euros menos. Además del alargamiento de la jornada laboral, en los últimos años se constata en la ONCE un incremento de la presión al vendedor por parte de “gestores comerciales” y “jefes de venta” (cada uno con un área y número de vendedores a su cargo). “Hay una cadena de presión por objetivos que no tiene nada ver con lo que ocurría hace diez años en la empresa”, asevera Jordi Carbonell, delegado sindical de CGT en la ONCE de Valencia. “Se exige lo mismo hoy que hace seis años, a pesar de la crisis y la caída de ventas, con lo que el esfuerzo es cada vez mayor”, añade. La cuenta de resultados de la empresa apunta que las ventas de juego descendieron de 1.913.870 millones de euros en 2012 a 1.836.835 millones de euros en 2013, lo que confirma una tendencia que empezó hace más de una década.
Inocencio Rial destaca asimismo los despidos y sanciones por “baja rentabilidad” (al no alcanzar el “umbral” de ventas), lo que ha dado lugar a juicios contra la empresa. El “goteo” de despidos comenzó en 2014 y el de sanciones hace tres años. El sindicalista señala los ejemplos de Madrid y Andalucía. Frente a los fines teóricamente sociales de la ONCE, Comisiones Obreras en Madrid lanzó unas camisetas con la consigna “No es social esclavizar”; y en septiembre de 2014, este sindicato promovió un encierro de tres días en la Delegación de la empresa en la capital.
Paco Giménez, delegado de Comisiones Obreras en la delegación de la ONCE en Valencia, afirma que la presión es parecida a la que sufren los trabajadores de otras empresas, con la diferencia de que la ONCE es una corporación de derecho público. Sobre todo los contratados a tiempo parcial, dependen cada vez más de las comisiones que puedan generar. “Contratan a un vendedor para el sábado y el domingo, pero trabaja toda la semana”, remata.
Tampoco se compadece con los fines fundacionales de la ONCE el “perfil” de trabajadores que se busca. “Quieren gente productiva y competitiva, subraya Jordi Carbonell, a la que piden agresividad en la venta, gran movilidad y que tengan carné de conducir; si es posible, personas con discapacidad leve que hayan trabajado antes en otras empresas”. Quique Marí tiene 40 años, padece una parálisis cerebral y minusvalía física del 84%. No sufre ninguna discapacidad psíquica. Cuando intentó entrar en la ONCE, relata su padre en conversación telefónica, se le dijo –sin pasar la correspondiente prueba- que no tenía las habilidades suficientes para manipular las máquinas de comprobación de cupones. Quique Marí lleva diez años en otra empresa, recorriendo 20 kilómetros diarios en silla eléctrica para vender los cupones (una media de 130 euros diarios). “En la ONCE no quieren a grandes discapacitados”, concluye.
El cierre de quioscos en la calle -aproximadamente un 20%, en un proceso que comenzó hace una década- redunda en la idea de movilidad y “dinamismo” en las ventas. Recuerda Adolfo Martínez que la eliminación de estos puestos afecta a los vendedores, que acarrean 7 kilogramos de material, a lo que se agregan los problemas motrices previos. “La expresa alega que no son rentables, pero la inversión es mínima, sólo en mantenimiento”. En los últimos años la ONCE ha cerrado 150 “agencias” (provincias enteras se han quedado sin estos centros), dedicadas a la logística, la organización administrativa y la prestación de servicios a trabajadores y afiliados. Se han clausurado colegios de la ONCE, se han privatizado servicios de informática y se ha pasado de la prestación médica por la empresa a contratar con mutuas. La CGT ha titulado de este modo alguno de sus comunicados de prensa: “Continúan los despidos y el desmantelamiento de la ONCE”. A los vendedores les ha perjudicado, además, que desde hace cinco años puedan venderse los productos ONCE en estancos, gasolineras, bares, quioscos de prensa, supermercados o por Internet.
Según Adolfo Martínez, “hemos pasado de una empresa envidiable por las condiciones “dignas” de trabajo (hasta mediados de los 90), a ser una mera multinacional del juego, en la que priman sólo los beneficios; el vendedor de la calle es el que genera el lucro y quien sostiene toda la estructura; también, el que se lleva todos los palos”. Jordi Carbonell pone el acento en los criterios de selección y los objetivos fijados en las ventas: “La empresa se creó para dar trabajo a ciegos y a grandes discapacitados, pero en la práctica son quienes tienen menor cabida en la ONCE”. Esta corporación “está exenta del pago de la cuota patronal a la seguridad social por contratar a personas discapacitadas, por lo que se supone que debería actual de otro modo”, afirma el delegado de CGT.
La Inspección de Trabajo ha señalado infracciones graves en la ONCE por el trabajo de los vendedores durante el periodo vacacional. También la inspección ha detectado que en la provincia de Valencia, durante 2014, la empresa ha presionado de manera “sistemática” a los trabajadores, en relación con la venta de boletos electrónicos. Los fines teóricamente enunciados por la ONCE casan poco con la construcción de complejos hoteleros en Isla Margarita (Venezuela), la inversión de 1.000 millones de pesetas (de la época) en Gescartera, pufo financiero que terminó con la dimisión, en 2001, del vicepresidente y el director general de la Fundación ONCE; o las pérdidas por las inversiones en Bankia, desveladas poreconomistadigital.es y no desmentidas por la empresa.
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